Marcelino Camacho ejemplo de coherencia

Animo Marcelino

Nadie. Almudena Grandes

Articulo publicado en El País el 18 de octubre.

No somos nadie, dice el refrán funerario por antonomasia. La actualidad, no mucho menos fúnebre, me confirma que yo, votante de IU en las últimas elecciones, no solo no soy nadie, sino apenas algo, una brizna, un ápice, una deleznable dosis de ínfima materia, en comparación con los votantes de CiU o del PNV. Supongo, sin embargo, que en momentos como este, es posible que hasta quienes se inclinan siempre por los grandes partidos, dediquen un instante a reflexionar sobre la paradójica relación del todo con las partes que decide hoy, como otras veces, el destino inmediato de todos nosotros.

Los partidos nacionalistas, aquellos que se dirigen a una pequeña parte de la población, y elaboran programas, y defienden los intereses de una región concreta por encima del bienestar general, acaban decidiendo la suerte de todos gracias a una ley electoral que blinda el bipartidismo, discriminando abiertamente al resto de los partidos nacionales. La misma ley que desprecia 963.040 votos, entre ellos el mío, es la responsable de que ahora mismo, el PNV, con menos de la tercera parte de votantes -303.346 si Google no miente- y el triple de escaños, tenga la llave de la estabilidad política de España entera.

No se alarmen, no voy a caer en la ingenuidad de reclamar una reforma de la ley. ¿Para qué, si los grandes partidos jamás van a impulsarla? Pero me gustaría recordar que el sistema electoral, al igual que el modelo territorial, proviene de los acuerdos de nuestra modélica e intachable Transición. Aquellos polvos trajeron estos lodos y otros, como la composición del Tribunal Constitucional, la situación de la enseñanza pública, los abucheos del 12 de octubre o las relaciones con la Iglesia, que siguen llenando a diario portadas de periódicos. Por eso, quizás haya llegado la hora de preguntarse de qué somos un modelo exactamente.

Contra el fraude electoral. Reforma de la ley electoral

Carta a los diputados y diputadas de la subcomisión de Reforma electoral.

Señorías:

Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles patente mi preocupación por algo que por enésima vez, han rechazado en el Congreso.

Al parecer, esta semana van a aprobar cambios sobre la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985), modificaciones a las que no niego su importancia, pero que, sin embargo, olvidan lo que debería acercarnos a un principio democrático por excelencia, el de: “una persona, un voto”.

Aproximarse a ese principio debería ser para ustedes –representantes del pueblo— una obligación ética, si es que, como supongo, creen ustedes en la democracia.

El hecho de que quieran mantener la falta de proporcionalidad y las disfunciones en la asignación de escaños a los distintos grupos políticos que se presentan a las elecciones, no dice mucho en su favor y sí de sus propios intereses partidistas, creando desconfianza en la opinión pública que, como ustedes saben, no tienen a la clase política, precisamente, muy bien valorada.

¿Cómo se puede entender que se mantenga esa falsa proporcionalidad que hace que algunos partidos políticos necesiten unos 66.000 votos para obtener un diputado y otro (el caso extremo de IU/ICV) necesite casi 500.000? ¿Acaso les parece democrática una ley que hace que un voto de unos partidos valga siete veces más de lo que vale el voto de otro?

Como ustedes bien saben, lo ideal para corregir este defecto sería cambiar la circunscripción electoral, pero ésta está recogida en la Constitución y no parece que ustedes estén dispuestos a cambiarla. Sin embargo, hay otras fórmulas que permiten, si no una proporcionalidad total, que haya una aproximación mucho mayor sin modificar la Constitución. De hecho una de las fórmulas sería la que, a petición del gobierno, ha sugerido el Consejo de Estado. Recomendación que ustedes han rechazado.

No es lícito que quien tiene el derecho de defender los principios democráticos elementales se opongan a que la proporcionalidad de “una persona, un voto” se pueda conseguir. No hay ninguna razón, salvo la de sus intereses partidistas para que no se acepte la reforma que ha aconsejado el Consejo de Estado. Así es que todavía están a tiempo, Basta que se pongan de acuerdo y sean capaces de anteponer una representación justa a sus propios intereses.

Si lo hacen, como ciudadanía nos daremos cuenta de que cumplen con su obligación. Porque, señorías, para que sean democráticos los acuerdos que ustedes toman, lo primero que debería ocurrir, es que la representación de la voluntad popular fuera lo más fiel posible a los votos que emite. Hoy no es así. En sus manos queda rectificar algo que parece tan obvio.

Muchas Gracias.

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