El Ministerio de Justicia ha dejado sin empleo y sueldo, por dos años, a Juana Gálvez, secretaria del juzgado de Sevilla que no tramitó adecuadamente una orden de prisión contra Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Contrasta la severidad de esta medida del Ministerio de Justicia con la leve multa de 1.500 euros que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso, en su día, al juez del juzgado, Rafael Tirado.
Es incomprensible que el juez Tirado reciba una sanción de 1.500 euros por la desatención que dejó en la calle a un peligroso pederasta y que, sin embargo, la funcionaria que lleva su juzgado vaya a recibir un castigo infinitamente mayor. Algo no cuadra.
Ese algo tiene mucho que ver con los distintos órganos que han emitido las resoluciones de sanción. Al juez Tirado lo condenó la comisión disciplinaria del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo o mucho de corporativismo debe de haber en la decisión . Mientras que a la funcionaria la sanciona el Ministerio de Justicia. Pero los ciudadanos, por lo general , no saben , ni entienden el entramado competencial de los órganos de la administración de justicia. Solo cuando leen estas cosas se les viene a la cabeza lo que el ínclito ex-alcalde de Jerez pronunció en su día: "La justicia es un cachondeo"
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