El chiringuito

La primera vez que leo algo coherente sobre el tema de los chiringuitos, y la primera vez que coincido con el periodista que lo escribe:

'Save the law'.

FERNANDO SANTIAGO

Se ha puesto en marcha una intensa campaña para evitar la aplicación de la Ley de Costas y sus reglamentos a los chiringuitos de playa. Se utiliza para tal fin el nombre de la ONG Save the Children con un patético juego de palabras: Save the chiringuitos. Los argumentos son de una puerilidad extraordinaria: la tradición, la flexibilidad, las costumbres andaluzas o la economía. Todo un rosario de objeciones para evitar la aplicación de una ley que tiene más de 20 años. Desde los chiringuitos iremos a por las marismas, a por el dominio público, a por las exigencias de garantizar el acceso al litoral, al efecto económico que tiene construir al borde del mar y desde allí volveremos en un bucle retórico hacia la tradición, la flexibilidad y las costumbres. No está muy claro por qué ha de impedirse la aplicación de la ley a partir de una supuesta tradición, como si la existencia de chiringuitos desde la época de los romanos eximiera de cumplir la ley. También la esclavitud duró siglos ¿cuál es el límite para una tradición? ¿Lo es la violencia machista? ¿Y la explotación de los inmigrantes? ¿El señoritismo andaluz es una tradición? ¿Cuánta tradición hace falta para que no se aplique una ley? ¿Se mide en años, en siglos, en número de personas? Eso por no entrar en la supuesta idiosincrasia andaluza. ¿Es que aquí gusta más un chiringuito que en otro lado? Si en Cataluña han aplicado la Ley de Costas, ¿en Andalucía somos más chulos que nadie, más tradicionalistas y de las jons, más flexibles, tenemos otra idiosincrasia?

Uno de los grandes argumentos es el empleo. De la misma manera que se pretende flexibilizar el despido, se pretende ser flexible en la legislación ambiental y toda una serie de mediadas por la crisis parece que no se debe aplicar la ley por la dichosa crisis y que los chiringuitos sigan sin estar conforme a derecho. Los restaurantes que cumplen con las normas urbanísticas, sanitarias, industriales y laborales están en desventaja, por lo que se ve, porque ellos no deben ser ninguna tradición. Según dicen los empresarios hay 900 chiringuitos que crean 40.000 empleos. Estaría bien que alguien nos explicara esa cifra, de dónde sale, quién ha hecho la cuenta. ¿40 trabajadores por chiringuito? ¿Tendrán todos sus contratos y su alta en la Seguridad Social o serán brazos de usar y tirar? ¿O quizás hay alguna otra tradición que evite el cumplimiento de la ley? Alguien debería explicar las cifras porque cuando empieza el chantaje del empleo parece que todos debemos callar. Perdone usted, si crea 40.000 empleos aunque incumpla la ley, aunque no tenga dados de alta a los trabajadores, aunque no tenga títulos de ocupación del dominio público, aunque no tenga licencia de apertura, aunque no cumpla las normas sanitarias, aunque cierre a la hora que le dé la gana, aunque no tenga baños, aunque no declare sus ingresos en Hacienda, aunque pegue unos clavazos de miedo, a pesar de todo le perdonamos que esté al margen de la ley porque ha creado unos empleos. Y quienes cumplan con la ley que se aguanten. Como cantaban Los Cruzados Mágicos "el de la barra le vio carita de guachisnay y el julandrón le clavó trescientascuarentaysais". Parece que el presidente de la Junta ha tratado en la Moncloa tan vital asunto con el presidente del Gobierno de España. Según se ha dicho, la Junta va a reclamar las competencias correspondientes. No se sabe si se piden las competencias para que se cumpla o para que no se cumpla la ley, como ocurre ahora. Si se pide que los chiringuitos dejen la arena y se trasladen a zonas cercanas se monta la tremolina, qué falta de tacto, que poca sensibilidad, con lo tradicional que es que estén en la arena. El artículo 65 b del Reglamento de Costas determina con precisión el tamaño de cualquier instalación desmontable, el 111 el régimen de autorización, el artículo 51 y siguientes de la Ley de Costas determinan la necesidad de pedir autorización para ocupar el dominio público. Aplíquese la ley

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