En España el que contamina no paga , se escapa

La madrugada del 25 de abril de 1998, una balsa de residuos de metales pesados muy contaminantes procedentes de una mina de la empresa de capital sueco Boliden-Apirsa, situada en la localidad de Aznalcóllar, se rompió por dos de sus lados, liberando gran cantidad vertidos producido en el río Agrio. Este vertido llegó rápidamente al Guadiamar, que fluye hacia el parque nacional de Doñana, donde fue frenado y desviado mediante diques para que no llegara al Guadalquivir y de allí al mar. Al cabo de 13 años el Supremo dicta una sentencia que dice que la Junta no es competente para pedir los casi 90 millones que se gastó en arreglar la catastrofe.
En el blog de Juan Carlos Blanco, "Asuntos propios" explica la decisión del Supremo sobre este asunto. Lean:

"Tengan claro que si el Tribunal Supremo, y antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, han concluido que la Junta no puede reclamarle a Boliden el dinero que costó rehabilitar el Guadiamar tras el vertido tóxico, es porque hay razones jurídicas que avalan tal decisión. Pero tengan claro también que no hay quien lo entienda. O, al menos, que no hay ciudadano con sus neuronas revisadas que no considere este contencioso con pinta de galimatías psicótico como un disparate propio de sociedades subdesarrolladas donde el que contamina no paga por ello. Desde el punto de vista del procedimiento administrativo podrá entenderse que la Junta no está habilitada legalmente para reclamarle a Boliden el dinero que costó la rehabilitación. Pero eso, con perdón, no hay genio del Derecho que lo explique.
 Que sí, que igual la Administración autonómica no era la competente y todo lo que ustedes quieran, pero es que a ojos de cualquiera que tenga dos dedos de frente (bueno, con uno bastaría), la situación es más propia del Libro gordo de Petete que de un manual de Derecho Administrativo.
 A unos señores que explotan una mina se les rompe una balsa de productos tóxicos causando el mayor desastre ecológico que ha vivido el sur de Europa en dos décadas. El Estado frena como puede el vertido y la Junta se encarga de restaurar una comarca arrasada gastándose 89 millones de euros. Sin querer caer en simplismos y en demagogias baratas, me hago la siguiente pregunta: ¿De verdad que la Junta no tiene derecho a pedirle a los suecos de Boliden que paguen por lo que hicieron? Que la respuesta sea negativa es más surrealista que una película de Buñuel. Y que encima lo tengamos que saber ¡¡¡13 años después del vertido¡¡¡ lo es todavía mucho más."

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