El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará hoy el decreto que ha elaborado Obras Públicas para regular la situación de las viviendas construidas en suelo no urbanizable (200 mil viviendas ilegales existentes en Andalucía) Según leo, la futura norma establecerá las vías para la legalización o, simplemente, el reconocimiento de las edificaciones después de analizar sus circunstancias físicas y jurídicas. Se tendrán en cuenta tres circunstancias, las de los asentamientos, viviendas aisladas o hábitats rurales. Así, y según los casos, unas viviendas podrán lograr licencia de ocupación o, en caso contrario, un reconocimiento que, al menos, les permita acceder a servicios básicos, aunque, eso sí, con condicionantes.
Una de las claves será que haya prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias.
El decreto permite que las casas que no se pueden legalizar pero tampoco tirar porque cumplió el plazo de prescripción de cuatro años sean consideradas como "asimiladas al régimen de fuera de ordenación", que les facilitará tener servicios básicos. Esto es, más o menos, el discurso oficial de la Consejería al sacar este decreto a unos meses de la celebración de unas elecciones.
Mi opinión a bote pronto -a la espera de la publicación del decreto-esto es en la práctica una amnistía general Me parece una desvergüenza total. Se va a apoyar al que ha construido de manera ilegal, se va a beneficiar al incumplidor de la ley. A partir de ahora la gente sabe que puede construirse una casa sin licencia y en terreno no permitido porque dentro de unos años algún político le regularizará su vivienda.
Hay un cambio radical de posicionamiento del Gobierno andaluz, que ha pasado en apenas siete años de aprobar una ley (la LOUA) que restringía al máximo este tipo de construcciones, a plantear ahora un decreto que las regularizará en su práctica totalidad. Asimismo, esta nueva norma va a generar muchas dudas en los alcaldes y ayuntamientos.
No en vano, son los ayuntamientos los que, en última instancia, tendrán que hacer frente a este nuevo panorama y sin medios materiales para llevar a cabo las labores de inspección y disciplina urbanística.
La Junta van a conceder una amnistía general que sentará un claro precedente, ya que a partir de ahora todo vale. Las consecuencias serán claramente injustas para el resto de ciudadanos que sí cumplen la ley. En definitiva, a partir de ahora, el que cumpla la ley es idiota.
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