El ayuntamiento de Fuente Palmera no devolverá el dinero que exigen los compradores de Los Fruteros

Terrenos de Los Fruteros

Un nuevo informe desgrana las irregularidades en el mandato del ex alcalde Antonio Guisado en la venta de las parcelas del polígono · El Ayuntamiento informará a los perjudicados por si se personan en la causa

 Los particulares que en el año 2003 compraron parcelas en el polígono Los Fruteros de Fuente Palmera y adelantaron el 50% del coste de las mismas tendrán que esperar para recuperar su dinero, por lo menos hasta que el asunto se clarifique por la vía judicial, ya que es el juzgado de Posadas el que abrió diligencias por una presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio, por los que están imputados el alcalde en aquel momento, Antonio Guisado (PSOE), y el secretario accidental del Ayuntamiento, Carmelo Tubío.

 Aunque la venta se realizó en 2003, ha sido a lo largo de este año 2011 cuando 16 de los 18 compradores de esas parcelas han presentado a título individual otras tantas solicitudes en el Consistorio colono, con el fin de que se reconozcan sus derechos en la compraventa de esta superficie destinada a industria. Ante esta reclamación, el alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), encargó un informe al secretario de la Corporación, cuyos contenidos han servido de base para la propuesta del regidor, en la que dispone la suspensión de la tramitación y resolución de esas solicitudes en tanto no haya sido dictada la resolución judicial que ponga fin al procedimiento penal en curso.

 Además, el acuerdo también plantea informar a los interesados de que pueden personarse en el procedimiento y que incluso comparezcan bajo la misma dirección letrada del Ayuntamiento, que también es parte perjudicada en el asunto. En principio, esta negativa a los compradores de suelo en Los Fruteros se debatirá en el Pleno de esta noche en Fuente Palmera. En principio, la propuesta de la Alcaldía cuenta con el visto bueno de los grupos de PSOE, Olivo, IU y la abstención del PP.

No obstante, otra de las posibilidades que se baraja es que el asunto quede sobre la mesa, aunque la voluntad de la mayoría de los grupos es clara en cuanto a que no se puede resarcir a los que compraron ese suelo hasta que no exista una resolución judicial. Según fuentes municipales, el valor de las parcelas vendidas en Los Fruteros ronda los 520.000 euros y el Consistorio colono ingresó por esa venta en el año 2003 unos 252.000 euros. Pero al margen de la propuesta del alcalde y de si sale adelante o se queda sobre la mesa, el informe elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento viene a narrar cómo se efectuó aquella operación urbanística por parte del ex alcalde Guisado.

 Así, el texto recoge que el entonces regidor del PSOE firmó en 1999 un convenio con una particular para constituir una junta de compensación y el desarrollo del plan parcial de una superficie de 130.000 metros cuadrados en el paraje Los Fruteros para crear un polígono industrial. Guisado se comprometió a elaborar en dos meses los estatutos de la junta de compensación.

El informe cita que ese convenio "nunca fue sometido" al Pleno, por lo que desde el punto de vista jurídico "es inexistente y, por tanto, ineficaz". En 2003, Antonio Guisado firmó los contratos de compraventa como presidente del Patronato Municipal para el Desarrollo Industrial y Comercial de la Colonia de Fuente Palmera, haciendo constar así que las parcelas son del patronato y que será el que otorgue en el futuro las escrituras. Los compradores pagan entonces el 50% del coste y reciben sus cartas de pago rubricadas por el alcalde y el secretario.

 Sin embargo, el informe de Secretaría es muy contundente al afirmar que "no consta la aprobación definitiva del plan parcial" ni del proyecto de urbanización, ni de la constitución de la junta de compensación . Añade que se usó el patronato para la venta de las parcelas pese a que entre sus fines "no figura la gestión del patrimonio municipal de suelo". El estudio concluye que "no consta el cumplimiento adecuado de ninguno de los trámites, requisitos, procedimientos y acuerdos legalmente necesarios para la enajenación de los bienes" y que "resulta la posible comisión de irregularidades penales", sentencia.

Públicado hoy por Juan Ruz en  El Día de Córdoba